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Boletín de prensa 8 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
ATENCIÓN PUESTA SOBRE SALUDCOOP TRAS VOLVER A MANOS DE SUS DUEÑOS
Carlos Gustavo Palacino habría viajado a Chile después de la intervención de Saludcoop EPS.
Siguen con lupa decisiones sobre activos de la EPS más grande del país.
Desde el pasado fin de semana, mientras los colombianos estaban pendientes de la muerte de 'Alfonso Cano', Saludcoop, la EPS más grande del país, volvió a manos Carlos Gustavo Palacino.
Por orden de un juez, que hoy está suspendido, la EPS estará por lo menos una semana bajo el poder de los mismos directivos que, según las investigaciones, pusieron en riesgo 1,3 billones de pesos que debían destinarse exclusivamente a mejorar la salud de sus 2,8 millones de afiliados.
Todas las autoridades, desde la Contraloría y la Fiscalía hasta la Superintendencia de Salud, están pendientes de las movidas de Palacino y su equipo durante estos días.
Hay seguimiento especial sobre millonarias inversiones que nada tenían que ver con el negocio de la salud -entre ellas, el edificio Paralelo 108 en Bogotá, avaluado en 110 mil millones, y el lujoso condominio Villa Valeria, en los Llanos- y que, en concepto de varios organismos de control, son claves para recuperar parte de los dineros que se habrían desviado en Saludcoop.
"Cualquier decisión de venta de activos podría ser interpretada como una maniobra encaminada a aparentar una falsa insolvencia, con todas las consecuencias fiscales y penales del caso", advirtió uno de los responsables de la investigación.
100 mil millones en gastos
Cinco meses después de la intervención de Saludcoop, las autoridades tienen un completo dossier sobre sus inversiones dudosas. Entre ellas están millonarias 'donaciones' para actividades que, consideran los investigadores, no encajan con el negocio de una EPS: los 18 mil millones de pesos que Saludcoop le ha dado al equipo de fútbol La Equidad, así como generosos aportes a campañas políticas, especialmente del Meta.
También se investiga cómo la presidencia de Saludcoop, manejada directamente por Palacino, realizó gastos por 100 mil millones de pesos en cuatro años. Aparentemente, los viajes de Palacino entre Bogotá y los Llanos, a su casa de recreo en Villa Valeria, fueron pagados por la EPS y reportados como gastos por la contratación de avionetas ambulancia.
En manos de la Fiscalía están varios correos hallados en computadores de ejecutivos de Saludcoop que demostrarían contactos no claros con funcionarios y servidores públicos. Uno de esos mensajes lo escribió el secretario de una comisión del Congreso en el que se quejaba porque llevaba dos meses sin recibir plata. Entre tanto, la Corte Suprema tiene copia de un correo enviado por la ex congresista Nancy Patricia Gutiérrez a Palacino. Aunque el mensaje es posterior a la salida de Gutiérrez del Congreso, se indaga si el mismo tiene algún tipo de relación con las funciones de la senadora, quien está en detención domiciliaria por otro caso.
Indagan sobrecostos por 300 mil millones
La semana pasada, la Contraloría abrió juicio fiscal contra Palacino, varias de sus fichas, dos ex ministros y varios ex funcionarios por un posible detrimento patrimonial de 1,3 billones de pesos.
Los ex funcionarios están investigados por omisión, pues la Contraloría sigue la misma tesis con la que la Procuraduría sancionó al ex alcalde Samuel Moreno: que tenían que proteger los intereses de la Nación y aparentemente no lo hicieron.
EL TIEMPO conoció que cerca de 300 mil millones de pesos de esa cifra corresponden a posibles sobrecostos en medicamentos y tratamientos que asumió el Fosyga. Hay información sobre droga por la que se terminó pagando hasta 300 veces su valor comercial. La Contraloría también cuestiona pagos a asesores y abogados -entre los que están varios de los más reconocidos- que llegaron a costar 24 mil millones de pesos en un solo año.
EDITORIAL: LA CARTERA DE LA SALUD
Por fin, y tras años de ser reclamado, el país cuenta con un Ministerio de Salud, desaparecido en el 2002 por obra y gracia de su fusión con el de Trabajo.
Desafortunadamente, la carencia de indicadores de impacto impiden hacer un balance acertado del verdadero estado en el que deja el escindido Ministerio de la Protección Social a la salud. No obstante, en la última década, propios y extraños señalaron la falta de rectoría de este ente como uno de los principales responsables de la crisis, el desorden y el progresivo deterioro del sistema. De hecho, varios expertos conectan la ausencia de ministerio con tal declive.
No es de extrañar que la reapertura de esta cartera genere expectativas tan grandes entre todos los actores involucrados. En primer lugar, su sola creación no garantiza la resolución de los problemas estructurales del sector, que, a juicio de muchos, siguen intactos.
El recién posesionado ministro, Mauricio Santa María, tiene la nada fácil misión de convertir esta estructura en la generadora de políticas claras y efectivas, que le apunten a garantizar el derecho a la salud a todos y cada uno de los ciudadanos en términos de equidad y universalidad y con eficiencia financiera.
Hace unos meses, el presidente Juan Manuel Santos presentó la hoja de ruta que recoge una serie de tareas concretas, con cuya ejecución se busca dar cumplimiento a ese objetivo. Es justo decir que se ha avanzado, así sea parcialmente, en algunos aspectos, como el incremento de cobertura (que ya está en el 96 por ciento), la unificación de planes de salud para niños y mayores de 60 años, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, los giros directos a los hospitales, el inicio de procesos para frenar la corrupción y la imposición de topes a los precios de muchos medicamentos.
En otros objetivos claves, la marcha es lenta. Vale la pena mencionar la actualización del POS. Este proceso, que en teoría estaría finalizado el primero de diciembre, ha generado más de una inquietud por la fragilidad técnica con la que la Comisión de Regulación en Salud (CRES) ha llevado a cabo tal labor.
Un segundo aspecto es la decisión del Gobierno de presentar a mediados del año próximo un nuevo enfoque del plan de beneficios, que será universal e incluirá el manejo integral de todas las enfermedades que padezcan los colombianos.
Sin embargo, no hay claridad sobre su financiación ni sobre los mecanismos a los que se acudirá para garantizar que nada de lo que la gente necesite se quede por fuera; tampoco sobre la forma como se lograría una mejora sustancial de la calidad de los servicios.
Le siguen varios asuntos: la cadena de deudas gigantescas entre los agentes del sistema y que tiene al borde del colapso a la red hospitalaria pública; la falta de una política farmacéutica, que defina reglas en materia de precios, calidad, acceso y oportunidad para la gente, y la redefinición del papel de las EPS y un mayor control de las autoridades sobre ellas, entre otros.
Para empezar a funcionar, el Ministerio de Salud debe reconstruirse y transformarse en una entidad capaz de poner a andar las políticas y las medidas conducentes a darle el prometido viraje al sistema. Un giro hacia un componente más preventivo que curativo y hacia la garantía de que su desempeño se mida con base en indicadores de salud y no solo financieros.
La reapertura de esta cartera debe ser asumida como un paso importante hacia la superación de la crisis de un sistema cuyos resultados siguen sin compadecerse con el enorme esfuerzo económico que hace el país para sostenerlo.
EL NUEVO SIGLO
ANTITÉCNICO DARLE MÁS PLATA A RAMA JUDICIAL SIN METAS CLARAS: BORRERO
Es antitécnico aprobarle más recursos a la Rama Judicial sin un plan con metas y logros claros, tal como está contemplado en el proyecto de reforma a la justicia, aseguró la directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloría María Borrero.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión le merece el trámite que ha tenido hasta ahora el proyecto de reforma a la justicia?
GLORIA MARÍA BORRERO: De lo que ha venido saliendo de la reforma, hay cosas que me gustan y otras que no. Es una reforma que tiene muchos vacíos, pero confío que se mejore en el trámite del Congreso de la República. Veo que el espacio para la participación de académicos y de la sociedad civil es muy escaso, y fuera de esas audiencias que hicieron, no tuvimos ningún otro espacio para realmente analizar y profundizar varios temas de la reforma. Con respecto a lo que he visto en el debate, creo que la reforma no estaba lista, hay muchas cosas que faltan por estudiar, están aprobando cosas de manera provisional para después cambiarlas, ahí veo que se improvisa. Estábamos esperando un debate más acorde con una reforma constitucional.
ENS: ¿Tiene sentido tramitar una reforma que no va solucionar los problemas de fondo que tiene la justicia?
GMB: Desde el principio se sabía que los alcances de esta reforma son limitados. La reforma a la justicia la integran muchas más disposiciones, como de descongestión, tecnología, y yo si quisiera ver una gran reforma, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y ni siquiera vemos cuál es el plan terminado del tema, pero indudablemente es una reforma constitucional que no está justificada.
ENS: ¿Le pareció oportuno que el Congreso no debatiera el tema de la tutela contra sentencia judicial?
GMB: Lo que dicen es que es un acuerdo al que llegaron, aunque la Corte Constitucional no se puede pronunciar, y entonces acá sólo estamos oyendo a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. Lamento mucho eso porque creo que era un tema que debía tocarse, pero no se si ya el trámite parlamentario lo permita, porque como no fue tocado en el primer debate y no estaba en la ponencia del primer debate ni en el del segundo. Así que ese será tema de otra reforma, como también debe serlo el que la Fiscalía deje de ser parte de la Rama Judicial.
ENS: ¿Por qué la Fiscalía no debe pertenecer más a la Rama Judicial?
GMB: Yo creo que las funciones de investigación y acusación tienen que estar separadas, porque está sucediendo una cosa perversa en la Fiscalía, en donde los fiscales como se creen parte de la rama judicial, creen que tienen independencia, incluso de su superior jerárquico, cuando es claro que ellos deben obedecer las directrices de la Fiscal General de la Nación. Para una mejor coordinación de la política criminal, podría hacer parte del Ejecutivo o un organismo independiente como la Procuraduría.
ENS: ¿Será suficiente el presupuesto que se le aprobó a la Rama Judicial en el proyecto de reforma constitucional?
GMB: Creo que debería considerarse esa categoría, porque eso es antitécnico, eso no va jalonar un mejor desempeño de las instituciones de justicia; por el contrario puede ser más perverso, porque si ellos tienen la plata entonces ¿qué metas van a cumplir?, pues ninguna porque como siempre les van a dar la plata. Me parece inconveniente, y la corporación (Excelencia en la Justicia) ha venido insistiendo desde el principio que indudablemente la Rama Judicial necesita más plata, pero debe dársela cuando hubiera un plan de ejecuciones claro, con unas metas y unos logros. Si no existe ese plan, entonces es echar como en un saco roto a un sistema que realmente no funciona.
REVISTA SEMANA
ABORTO: LO CRIMINAL ESTÁ EN SU PROHIBICIÓN
Por Germán Uribe*
No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”.
En lo tocante al aborto sólo tienen peso conceptual dos posiciones explícitas: la de aquellos que lo califican de crimen y la de quienes consideramos que el crimen se incuba precisamente en su prohibición. No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”. O se está con él, o se está contra él.
El proyecto de reforma constitucional -llevado al Congreso por el partido conservador y por la extrema derecha, su aliada representada por los uribistas del partido de la U- que penalizaría el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, al modificar el artículo 11 de la Carta Política desequilibra escandalosa y perversamente el rigor de una justicia equitativa cuando lo extiende a todas las circunstancias que llevarían a considerarlo, concitando una aberrante ocasional “pena de muerte” en detrimento de las madres, lo cual para sus defensores no es grave, como sí lo sería, según ellos, cuando afecta la gestación, es decir, lo “contingente”. No hay sindéresis en ello, y punto.
De hecho, lo que se proponía desde la Comisión Primera del senado -en buena hora sepultado -, no era otra cosa que “tumbar” la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional que consiente su práctica en casos de violación, malformaciones genéticas o cuando la salud o la vida de la madre corran graves riesgos. Eso, evidentemente, poco les importa.
El proyecto de acto legislativo 06 en nada favorecía a la salud pública, la medicina, la ciencia, el derecho y la ética, y muy por el contrario, esta improvisada arremetida retardataria dirigía sus absurdas intenciones, mientras abusaba del justo espíritu constitucional defendido con valor por la Corte Constitucional, al bajo mundo del aprovechamiento político y electoral, con consecuencias tan perturbadoras como primitivas y contrarias a los avances de la civilización y los logros científicos de la humanidad, al pretender la negación a necesidades tales como los métodos acreditados de anticoncepción, o la fertilización in vitro o, en fin, la investigación en células madre y la misma eutanasia.
Mucha tinta se ha derramado desde cuando nuestro país se asomó tímidamente al tema del aborto como una exigencia para el mejoramiento de la salud pública de los colombianos. Los diferentes sectores activos de nuestra sociedad a través de instituciones jurídicas, organizaciones religiosas, ONGs, la academia, columnistas de medios y destacadas personalidades, no han desaprovechado oportunidad para volcar con evidente énfasis sus propios puntos de vista. De todo se ha dicho con razón o sin ella. Pero he aquí un ejemplo de interpretación acertada tomado de un editorial del diario El Tiempo:
“La sentencia C-355 -del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional- no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer. La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.”
Y ya lo había dicho yo en esta misma columna de Semana el 25 de abril de 2006, en un artículo que denominé “El aborto: ¿una vida por otra?”:
“Los primeros, como casi único argumento, invocan a Dios y la moral religiosa, es decir, argumentaciones subjetivas. Los segundos, con objetividad, reclaman lo objetivo: primero la existencia y lo que ya es de este mundo. Los enemigos del aborto parecieran querer hacer prevalecer lo que puede llegar a ser, por sobre lo que ya es, una vida humana en pleno ejercicio de su existencia. Lo latente por sobre lo existente. Y aunque ponen el grito en el cielo llamando a las madres que abortan asesinas de sus hijos, no creo que quienes estamos de parte del aborto llegáramos a llamar a sus hijos inconvenientes en gestación, asesinos de su propia madre. ¡Que sea la madre a quien se deba inmolar en aras de una vida eventual¡ Antes que sacrificar lo gestado, hay que matar a quien lo gesta. En este país prima por sobre la vida de la madre, el periodo gestacional de un feto”.
El anuncio de que el Partido Conservador echará mano de un referendo como herramienta constitucional para hacer posible la penalización del aborto, parece ser una de las últimas patadas de ahogado con que se nos notifica este jurásico exabrupto.
Una consulta popular requiere ante todo una premisa con fundamento, proporcionada y sensata. Pueda ser que la ciudadanía así lo entienda y eche por la borda lo que sólo será un desgaste inútil para la democracia y un despilfarro económico inexcusable.
Y por último, para vigorizar la embestida conservadora, salta de pronto como un salvavidas estertóreo el denominado plan B que, liderado por el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que apunta a regular la objeción de conciencia pretendiendo con ello hacerle el esguince a lo establecido por la Corte. Pero desmedidos en sus apetencias, los conservadores buscan con un habilidoso añadido la ampliación de su cobertura a las instituciones privadas, a sabiendas de que lo formulado por el Procurador y su “añadido” sólo tiene cabida para las personas naturales y no para las instituciones. "Eso es intentar llevar las convicciones religiosas personales al plano del Estado, para obtener propósitos de tipo confesional”, declaró recientemente el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.
¿Qué destino próspero y moderno podría alcanzar un país que, mientras ve pasar el avance de la medicina, la ciencia y la tecnología por el resto del mundo, se empeña en mantener estancado el propio desarrollo de su civilización, y por añadidura, tendido somnoliento sobre el regazo del statu quo, cuando no en la más condenable regresión?
ENCUENTRO INTERFRONTERIZO DE GÉNERO EN LETICIAS, AMAZONAS
La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia, realizará el Encuentro Inerfronterizo de Género, que se llevara a cabo en la ciudad de Leticia, los días 7,8,9 de Noviembre del presente año.
En dicho evento se compartirán experiencias en materia de equidad de género, Información y divulgación sobre los derechos y el principio de igualdad en la administración de justicia, de Perú, Brasil y Colombia.
Contará con la exposición por parte de Magistradas de las Altas Cortes sobre la Perspectiva de Género, Jueces, Juezas de la localidad de Puerto Nariño, así como algunos funcionarios y funcionarias de la Fiscalía, Procuraduría, Autoridades Militares y Civiles, entre otros.
El encuentro interfronterizo será instalado por la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ruth Marina Díaz Rueda, Presidenta de la Comisión Nacional de Género de Colombia y el Magistrado Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura Jorge Antonio Castillo Rugeles, Miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial
Intervendrán también el Doctor Olvar Andrade Rincón, Gobernador del Departamento del Amazonas y el Doctor José Ricaurte Rojas Guerrero, Alcalde de Leticia
La conferencia inaugural es la Situación de las mujeres en la frontera, identidad, interculturalidad y derechos (conflicto armado, migración y trata de personas, mujeres indígenas e interculturalidad) y estará a cargo de la Doctora Flavia Melo de la Universidad Federal de Amazonas
El Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio Palacio, disertará sobre los Criterios de Perspectiva de Género en las Decisiones Judiciales y la Magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa, hablara sobre Género y Beligerancia
La agenda continua con los Paneles en torno a un Caso de la Ley Maria da Penha con los Jueces de Tabatinga y Análisis de casos sobre derechos de las mujeres en zona de frontera, con los Jueces de Leticia, con la moderación del doctor Luis Carlos León Perico, Juez Coordinador Centro de Servicios de Leticia y el Marco Jurídico sobre los Derechos de las Mujeres y Frontera, será tratado por la Doctora Lucia Arbeláez de Tobón, Ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y la Magistrada del Consejo Seccional de Pasto Mary Genith Viteri Aguirre; los Criterios de equidad para una administración de justicia con perspectiva de género. Con la doctora María Teresa Duque Orrego, Especialista en Políticas Publicas Programa Integral Contra Violencias de Género.